Ante la ausencia de un marco normativo que regule de manera específica este tipo de violencia, las instituciones involucradas diseñan de manera proactiva esta herramienta de actuación. En este compromiso se inscribe el Protocolo para la Atención de la Violencia contra las Mujeres en razón de Género 2017.
La fuerza y relevancia de esta segunda versión del Protocolo radica en el consenso interinstitucional de la construcción, homogeneización y utilización del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual se diseñó tomando como referencia la normativa de origen nacional –incluido su marco jurisprudencial- e internacional.
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